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Se toma más atribuciones que las que realmente tiene, indican
Las y los diputados federales Laura Imelda Pérez Segura, Cecilia Márquez Alkadef Cortes, Alberto Villa Villegas, Marco Antonio Pérez Garibay, Bruno Blancas Mercado, Hamlet García Almaguer, Maximiano Barboza Llamas y Luz Adriana Candelario Figueroa, denunciaron y rechazaron las irregularidades presupuestales y de planeación que existen en torno a la consulta ciudadana que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez implementó en Jalisco para someter a revisión el Pacto Fiscal.
Indican que en repetidas ocasiones Alfaro Ramírez señaló que la consulta sería para saber si las y los jaliscienses “querían continuar o salirse del pacto fiscal”, sin embargo, probablemente al darse cuenta de la inconstitucionalidad de una consulta en esos términos, modificó el sentido de la pregunta.
De tal forma que sólo dejó el cuestionamiento sobre “si se está de acuerdo con que se revisen cada seis años los términos de la coordinación fiscal y la forma en que la Federación distribuye los impuestos”, para que, una vez obtenida esa respuesta, se decida si Jalisco sale o no del Pacto Fiscal.
Con ello, la consulta se convierte en una simulación, ya que, para efectos prácticos, sólo se está consultando si se revisan o no los términos del pacto fiscal y la misma pregunta en una segunda parte, dejaría a discreción del Gobierno del Estado la decisión de intentar salirse o no del pacto fiscal.
Además, con la nueva pregunta advertimos que aún se trastoca el Artículo 35 constitucional, donde se establece claramente que no podrán ser objetos de consulta popular: los ingresos, el gasto y el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Indican que sumado a lo anterior, de acuerdo con el Artículo 10 de la Ley de Coordinación Fiscal, es el Congreso Local quien debe autorizar el salirse o terminar con el convenio que existe entre el Gobierno del Estado y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por el que ambas partes aceptan la adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
Esto muestra que el gobernador pretende, una vez más, tomar más atribuciones de las que realmente tiene, como lo ha hecho, por ejemplo, durante toda la pandemia al imponer medidas sanitarias a las y los jaliscienses distintas a las dictadas por el Consejo de Salubridad General, máxima autoridad en situaciones de pandemia.
Por otro lado, el gobernador ha usado un discurso tramposo que busca por medio de una comparación absurda de variables económicas, “evidenciar” que la federación le regresa “dos de cada 100 pesos a Jalisco”.
En un documento, los legisladores federales señalan que cuando Enrique Alfaro dice que Jalisco aporta ocho de cada 100 pesos al Producto Interno Bruto (PIB), y el Gobierno Federal únicamente le regresa dos de esos ocho pesos, se asume erróneamente que todo lo que produce el país en un año, es lo que el Gobierno Federal tiene para distribuir mediante el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Esto es totalmente absurdo, porque de ser así, el Gobierno Federal debería estar gravando en un 100 por ciento todo lo producido por la nación. Además, tal aseveración se contradice en la misma pregunta de la consulta, al señalar que se revisará como se reparten los impuestos desde la Federación, y no cómo se reparte el PIB.
Para hacer un comparativo objetivo sobre la distribución de los recursos por medio del Pacto Fiscal, se tiene que considerar lo que Jalisco aporta a la recaudación fiscal, que en 2019 fue del 3.4 por ciento del total, de acuerdo con las cifras oficiales.
Esto quiere decir que, Jalisco aportó en ese año 110 mil 017.2 mdp, cifra que, actualizada, es decir, llevada a pesos del 2022 sería del orden de 124 mil 029.6 mdp, monto apenas menor en un 2.98 por ciento en comparación con lo que Jalisco en su Ley de Ingresos para el 2022 pretende obtener por parte de la Federación que asciende a 120 mil 334.37 mdp, precisan, entre otros puntos.
