Procede desafuero de diputado Mauricio Toledo por enriquecimiento ilícito, considera Sección Instructora

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Mauricio Toledo

*No acredita la legal procedencia de sus activos  conforme a su remuneración como servidor público

La Presidencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados distribuyó su proyecto de Dictamen por el que se resuelve la solicitud presentada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que se realice la declaración de procedencia correspondiente y pueda dicha instancia ministerial proceder penalmente en contra del C. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, actual Diputado Federal de la LXIV Legislatura, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de Enriquecimiento Ilícito.

La Sección Instructora desarrolló, indica, todas las etapas procesales con apego a lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, incluyendo la recepción de las pruebas aportadas por cada una de las partes, así como sus alegatos finales, en los cuales realizan razonamientos relacionados con la probable responsabilidad del servidor público en cuanto al delito que se le imputa y del cual se defiende.

En el proyecto de dictamen se realiza una valoración de los medios probatorios que constan en el expediente, misma que lleva a la convicción de una serie de hechos que motivan una resolución.

Toledo Gutiérrez ha desempeñado continuamente empleos, cargos o comisiones de carácter público, al menos desde el año 2009 y hasta la fecha; lo que tiene relevancia toda vez que la Fiscalía le atribuye conductas ilícitas a partir de 2010 y hasta las fechas en que se documentan los probables excesos patrimoniales no justificados.

De la revisión del cúmulo de documentos aportados, así como las declaraciones patrimoniales del investigado que obran en el expediente, el proyecto de Dictamen da por acreditado el incremento patrimonial del servidor público y por no acreditada la legal procedencia del total de sus activos conforme a lo que ha sido su remuneración por el desempeño de cargos públicos, su actividad principal, como tampoco respecto de los cuantiosos recursos que ha recibido de una actividad paralela como “consultor privado”.

La defensa presentó diversos documentos públicos, a los que el proyecto de Dictamen reconoce valor probatorio pleno, pero que no tienen el alcance probatorio que se pretende. De estos se desprende la calidad de Servidor Público del imputado y retribuciones percibidas como tal, pero la suma de las cantidades en ellos contenidas no dan cobertura a las cantidades detectadas por la propia Fiscalía.

También fueron ofrecidas documentales privadas en las que consignan los ingresos por honorarios asimilados (ingresos privados) que ha tenido el servidor público por su actividad como “consultor”. Este tipo de pruebas deben ser robustecidas mediante su relación con otras para adquirir eficacia probatoria, pues, de lo contrario, los contratos, recibos y declaraciones únicamente dan forma a una versión privada de los hechos que, en consideración de quien aquí las valora, deberá ser constatada por la autoridad judicial mediante las herramientas propias de un proceso penal, en su caso.

En el proyecto que se propone a los integrantes de esta Sección Instructora se advierte que, si bien, a partir de 2009 el C. Toledo Gutiérrez tuvo ingresos importantes como diputado federal, incluyendo un préstamo por una suma relevante que afirma haber obtenido de la propia Cámara de Diputados en 2010, de los autos que integran el expediente se desprende la adquisición de dos inmuebles y un vehículo de lujo entre 2010 y 2011, bienes cuyo valor en aquél entonces arroja una diferencia respecto de sus ingresos superior a 2 millones de pesos.

Además, en cuanto al valor de uno de los inmuebles adquiridos, radicado en la Alcaldía Tlalpan de esta Ciudad, entre la Fiscalía y la defensa existe una discrepancia relevante, misma que resulta del estudio de los peritajes contables que cada parte ofreció y la cual asciende a un monto superior a los $10.5 millones de pesos. Ello, toda vez que el avalúo ofrecido por la Fiscalía contempla que, al año en que fue adquirida, la finca costaba más de $16 millones de pesos, contra los $5.5 millones que fueron pagados, conforme lo destaca la defensa. Al respecto, se considera que el órgano instructor de la Cámara de Diputados no debe resolver el diferendo mediante peritaje en discordia, pues esa resolución es propia del procedimiento judicial en el que, en su caso, se dilucide el grado de enriquecimiento que el bien aporta al patrimonio del inculpado.

En otro aspecto de su acusación, la Fiscalía alude que en las declaraciones patrimoniales que ha presentado el imputado como servidor público, dentro del periodo comprendido entre los años 2012 a 2018, consignó ingresos por un monto que asciende a más de $9.4 millones de pesos, situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso que ascienden a un monto mayor a los $20.8 millones, lo que representa una discrepancia que excede los $11.4 millones en tal periodo.