ASF y Fiscalía buscan “desatorar” casos de corrupción: David Colmenares

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Ttiular de la ASF con diputados

*Hay 9,514 observaciones a la Cuenta Pública 2017 y 4,446 recomendaciones

*Casos de corrupción ameritarán ahora prisión preventiva: Mario Delgado

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, al presentar a la Cámara de Diputados la Tercera Entrega de Informes Individuales y General Ejecutivo de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, conformada por mil 675 auditorías, 9 mil 514 observaciones, 4 mil 446 recomendaciones y recuperación de 131 mil 9 millones de pesos, al 15 de enero pasado, dijo que muchas dependencias oficiales desde 2014 no habían sido auditadas.

Subrayó la inclusión de nuevos sujetos y objetos fiscalizables derivada de un análisis estratégico de denuncias, de información de la opinión pública y de la revisión de auditorías en proceso que ameritaban la incorporación de nuevas acciones, lo que enriquece la rendición de cuentas del país. Con ello, por primera vez se implementa un programa de Planeación Estratégica para la Cuenta Pública 2018.

El origen fue realizar cambios institucionales para reforzar la prevención de la auditoría gubernamental y ser efectivos en caso de encontrar actos de corrupción: el propósito es que la impunidad deje de ser una palabra en el diccionario fiscalizador.

Sobre los casos penales, Colmenares Páramo refirió a los diputados, que cuando los había, llegaban a la Procuraduría General de la República y se detenían. “Estamos en el proceso de desatorarlos con el nuevo fiscal. Trabajamos para sacar todo lo del pasado y lo que surja presentarlo conjuntamente, en tiempo real”.

Respecto a las denuncias penales que deriven de los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, indicó que serán presentadas como lo dispone la ley, es decir, en el momento en que se cuente con todos los elementos para tal efecto, toda vez que actualmente los entes están solventando las observaciones emitidas.

Es por ello que la institución lleva a cabo la integración de expedientes, elaboración de dictámenes técnicos y formulación de denuncias, tanto de las referidas a la Cuenta Pública 2017, como asuntos de ejercicios fiscales anteriores.

Subrayó que en los primeros meses de su gestión se han presentado 54 denuncias, derivado de las revisiones de ejercicios anteriores, y se analiza lo atrasado con la Fiscalía General de la República para dar seguimiento, coadyuvar y presentar las denuncias de hechos, con el propósito de que se aporten evidencias sólidas e información incontrovertible que permita que las autoridades competentes impongan las sanciones debidas.

Con esta visión, indicó que la ASF presenta 653 informes individuales que, en conjunto con los 344 rendidos en junio y 678 en octubre pasado, suman un total de mil 675 auditorías en la Cuenta Pública 2017. Adicionalmente, se practicaron 4 auditorías derivadas de solicitudes y denuncias sobre ejercicios fiscales en curso o anteriores.

De ese total, explicó que mil 517 se refieren a revisiones de cumplimiento financiero, 150 a auditorías de desempeño y ocho evaluaciones de políticas públicas. Del total de auditorías practicadas a la Cuenta Pública 2017, el 67.4 por ciento, es decir, mil 129 son evaluaciones a entidades federativas y municipios.

Asimismo, se llevaron a cabo 483 auditorías al Poder Ejecutivo, seis al Poder Judicial, tres al Poder Legislativo y 16 a órganos autónomos. En suma los entes fiscalizados ascienden a 475.

Sobre el Gasto Federalizado Programable se practicaron 506 auditorías a las Aportaciones Federales, 162 a Convenios de Descentralización, 102 a Subsidios y 65 a otros rubros.

También se emprendieron 241 auditorías a la función de Desarrollo Económico, relacionado con el sector energético, comunicaciones y transportes, turismo y ciencia y tecnología; 130 a funciones de Gobierno, que incluye las finanzas públicas, seguridad nacional, relaciones exteriores, procuración de justicia y gobernación, y 109 a Desarrollo Social, en rubros como educación, salud, seguridad social, vivienda, agua potable y alcantarillado.

Resaltó la inclusión de un capítulo específico que coadyuve al diseño y elaboración, por parte de la Cámara de Diputados, del dictamen sobre la Cuenta Pública 2017, para que la fiscalización, a partir de información sustantiva y datos confiables, se convierta en la referencia técnica principal que enriquezca el debate parlamentario.

Con ello, los legisladores encontrarán una serie de conclusiones sobre rubros auditados de carácter estratégico, como el número de revisiones practicadas, el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, Pemex, CFE, infraestructura carretera y reconstrucción por desastres naturales.

Apuntó que por primera vez se auditó al Infonavit y el Ramo 23 del Presupuesto de Egresos de la Federación. Además, hay resultados relevantes en la revisión a las escuelas de tiempo completo, reforma educativa y energética, estancias infantiles, centro de atención inmediata para casos especiales, igualdad de género, Conade, Senasica, Pemex y CFE.

Colmenares Páramo informó que los resultados de la fiscalización se podrán consultar en una versión ciudadana simplificada y, a partir de hoy, a través de una aplicación para el celular (app) a fin de que se tenga acceso a la base de datos de la ASF.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Mario Delgado Carrillo, sostuvo que este informe es un instrumento fundamental para el Poder Legislativo y el reto que se plantea en el nuevo contexto de cambio político. “Es lo que pasará después de la semana del horror; es decir, cuando salen a la luz pública los grandes escándalos del mal uso de los recursos, de abuso, de desvío y despilfarro, se quedan en eso, pero después no pasa nada”.

Destacó que este martes la Cámara aprobó una importante reforma que ahora avalarán los congresos estatales, en donde la corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, ameritará prisión preventiva oficiosa.

También, recordó, se avaló una reforma constitucional en materia de extinción de dominio, en la cual se incorpora la corrupción. Además, se cuenta con un fiscal general autónomo y uno de anticorrupción.

Delgado Carrillo mencionó que lo que se aprobó ayer, junto con la extinción de dominio, permite tener factores adicionales para una persecución eficaz contra la corrupción y que no haya impunidad. Que sí haya responsabilidad, se castigue la corrupción y se termine con el gran abuso que tanto daño le ha hecho al país.

Dijo que se seguirá trabajando a efecto de que todo aquel que atente contra el patrimonio de los mexicanos tenga que seguir su proceso en prisión preventiva y, el Estado, a través de la extinción de dominio, recupere capitales que se hayan hecho al amparo de la corrupción.