A propuesta del PRI, se ampliará a 10 años plazo para que la GN dependa de la SEDENA
*Tendrá un enfoque de respeto a los derechos humanos, pueblos y comunidades indígenas, aprueba la Comisión de Puntos Constitucionales de San Lázaro
El diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz, de Morena, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales informó que se aprobó, con cambios, el proyecto de dictamen a la iniciativa que modifica el primer párrafo del artículo Quinto Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de Guardia Nacional para ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
Con ello se busca establecer que, durante los 10 años siguientes a la entrada en vigor del decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
El documento, avalado en lo general por 28 votos a favor y 11 en contra, refiere que la Guardia Nacional, pese a sus enormes avances, no ha logrado consolidarse en su estructura, capacidades e implantación territorial, de manera completa, por lo que es evidente que se requiere de más tiempo para ello.
Este miércoles la propuesta será sometida al pleno.
El documento aprobado por la Comisión, dijo Ramiro Robledo, destaca que la extensión del plazo es una medida idónea, necesaria y proporcional, porque busca la seguridad pública. No hay una alternativa jurídica mejor y es previsible que logre una mejor seguridad pública que supere los cuestionamientos y argumentos de la participación de las Fuerzas Armadas en esas tareas, sobre todo porque tiene un carácter transicional.
La iniciativa original, de la diputada Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que establecía aumentar dicho plazo a 9 años, fue modificada a propuesta de la diputada Cristina Ruiz Sandoval, de la misma bancada, para ampliar a 10 años ese lapso y planteó, además, que esa participación deberá tener un enfoque de respeto a los derechos humanos, así como a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas.
Estipula, también, que se integrará una comisión de diputados y senadores para dar seguimiento al cumplimiento del presente artículo. Para tal fin, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá rendir un informe cada periodo ordinario de sesiones en el que dé cuenta del avance en la conformación y capacitación de los cuerpos de seguridad civil de estados y municipios.
Además, la diputada Mary Carmen Bernal Martínez (PT) planteó dar mayor precisión en el artículo e incluir a los pueblos afromexicanos. La propuesta fue aceptada por la Comisión.
En contra, el diputado Salvador Caro Cabrera (MC) afirmó que la pretensión de extender nueve años la vigencia de la Guardia Nacional va en contra de la seguridad. Consideró que la milicia es buena para la guerra y defensa en la paz interior pero no tiene herramientas ni formación para la persecución efectiva del delito, la investigación preventiva del delito, ni para tareas y estrategias que eviten que los ciudadanos estén a merced de los delincuentes.
A favor, el diputado Carlos Iriarte Mercado (PRI) indicó que la propuesta no consiste en la simplicidad de alargar un plazo, trasciende a hacerlo mientras se vigila el proceso. Nuestro compromiso debe ser garantizar que este proceso de consolidación siga soportado en el respeto a los derechos humanos y también a los pueblos indígenas.
Del PAN, el diputado Ricardo Villarreal García refirió que se están generando leyes que no dan fuerza al Estado para combatir la delincuencia; al contrario, se está dando fuerza a los delincuentes. “Esto, evidentemente no va a pacificar al país. Si quieren que sea la Guardia militar reformen el 21, el 16 y establezcan en el transitorio que ellos tendrán la rectoría de la seguridad pública”.
