*De 2019 a 20242 ha recibido 2,437 mdp de gobiernos de los estados, hace negocio de la calumnia
Carlos Loret de Mola no es parte de una denuncia en contra de Latinus por corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita que se ha presentado hace ya varios años afirmo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la secretaria de Hacienda, Pablo Gómez
Aseguro que Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre. Pero Latinus es un consorcio en sí mismo, no forman parte del mismo las personas o los periodistas que trabajan, prestan servicios ahí y en otros lugares.
En el salón Tesorería de Palacio Nacional, durante La Mañanera de este miércoles 3, Pablo Gómez señalo que la denuncia que presentó la UIF hace años contra Latinus no lleva incluido ningún periodista, ningún profesional de la comunicación ni persona que se dedique a esta actividad. La política del gobierno, desde un principio, fue el respeto al artículo 7º de la Constitución que establece la inviolabilidad de la libertad de difundir opiniones e ideas de todo tipo a través de cualquier medio.
Y que establece la neutralidad de la red internacional. Y viene a cuento por las campañas que se realizan a través de la red y, de esa manera de invadir espacios de la red internacional, que, por definición de nuestra Constitución, es neutral; no puede ser apropiada —en parte, ni mucho menos totalmente— por un grupo, un mecanismo de apropiación.
Explico, ante las denuncias de persecución contra Loret, que Latinus está integrado por cinco empresas:
Latinus Media Group, constituida el 13 de enero del año 20. Su dueño, como en todo el consorcio, es Cristian González Guadarrama.
También Latinus Media Radio, SA.
Latinus Media Mx, SA de CV.
Dijo que existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programaticy una empresa que se llama BCG Limited Consulting, SA de CV. Los ingresos de estas empresas vienen de entidades públicas, que reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor González Guadarrama.
Ahí está de dónde viene el dinero, ahí donde dice ‘federal’ se refiere al Tribunal Electoral del Poder Judicial; proviene de manera directa proviene de Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas; de manera indirecta a través de estos negocios de salud, de Estado de México, Michoacán e Hidalgo en los años que están ahí señalados. En el último año que ya concluyó completo de 23 ustedes pueden ver que hay cantidades significativas, importantes: el Estado de México aportó 540, poco más de 540 millones de pesos.
En total, estamos hablando de una cantidad significativa desde el año 2019 a 2024, de dos mil 437 millones de pesos.
¿Por qué se ha denunciado a este consorcio?
Por actividades de lavado de dinero y también vinculados a la corrupción. La denuncia es del 20 de mayo de 2021. Entonces, no es una cosa reciente, es algo que está procesándose en la Fiscalía General de la República. Los productos de inteligencia que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera tienen como receptáculos el Ministerio Público, las autoridades de control, tanto federales como de las entidades federativas, y otros medios —también de control—que ejercen los gobiernos de los estados y el gobierno federal, quienes solicitan la información que el sistema financiero provee a la UIF.
Ahora, y nosotros lo hacemos, la base para poder formular una denuncia tiene que ser lo que el sistema financiero le informa al gobierno. Nosotros no andamos haciendo indagatorias, no tenemos ningún registro ni llevamos ningún archivo en relación con lo que dicen, expresan o de alguna manera mencionan los medios de comunicación, ni los periodistas en lo individual, ni la gente en las redes abiertas.
¿Podemos tomar en consideración denuncias en redes abiertas?
Sí, cuando se trata de cuestiones ligadas o denuncias de corrupción o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, obviamente, ¿no?, siempre lo hacemos, sobre todo cuando se trata de personas políticamente expuestas, que son aquellas personas que están en la lucha política; no todos los servidores públicos, obviamente, son personas políticamente expuestas. Pero también sus familiares y sus allegados.
Y siempre que han hecho denuncias que, en nuestra opinión, bueno, no tendrían por qué afectar, digamos, el curso de la lucha política, pero evidentemente que las hacen para alterar de alguna manera, o incidir en la lucha política, cuando se han hecho de servidores públicos de este nivel o de sus familiares, la UIF ha analizado la información financiera que procede del sistema financiero y de los avisos de las actividades vulnerables; siempre, no dejamos de hacerlo.
Pero sólo excepcionalmente hacemos los desmentidos, ¿por qué? Esto es algo que conviene aclarar; los desmentidos los hacen obviamente las personas que están siendo calumniadas, ¿sí?, y tienen la posibilidad de desmentirlo, pues a través de los medios que existen en México, en el sistema financiero, en la compra de inmuebles, en todo lo que tiene que ver. El mismo individuo, sus amigos, su partido, el gobierno, etcétera pueden desmentir, pero cuando se trata de estados de cuenta falsificados del exterior, el único que tiene información es la UIF y el que tiene que aclararlo solamente puede ser la UIF, por eso lo ha hecho en varias ocasiones.
Por eso, recientemente se declaró que un reporte supuestamente de movimientos internacionales de carácter financiero era absolutamente falso. Pero es que nadie lo pudo haber dicho, ni la persona calumniada, ni su partido, ni nada, ni sus enemigos, ni otros periodistas, porque, bueno, también se trata de que lo que calumnia a uno, pues puede ser reproducido por otros ¿no?, como es la realidad y es la práctica.
Entonces, no se trata de persecuciones, mucho menos contra personas que se tiene la connotación de ser enemigos jurados del gobierno. Y digo así, porque la aplicación del artículo 7º de la Constitución es parejo y es para todos.
Entonces, si me permite el presidente un tono aquí, un poco personal, le quiero responder al periodista que dijo que era una vergüenza que yo lo persiguiera a él por sus ideas y por su expresión, cuando vengo del movimiento del 68:
La generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio, hacen de ella un negocio.
Y este es el caso, porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales, no están en los presupuestos de comunicación social ni de publicidad, sino de medicinas, de atención médica, indico.
